La “ley Chávez Rossique”

Manuel Padilla Muñoz.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, Santana, para los legos en historiografía, fue 11 veces Presidente de México y, considerado por muchos, el mejor vendedor que ha tenido México, aunque en pleno siglo XXI hay algunos políticos modernos que lo han igualado y, tal vez, superado. Que en sus tiempos, los de la post independencia de nuestro país, fue un gran militar, nadie puede negarlo. En su ocaso como militar y político mediocre y demagogo populista, pierde la sensatez y llega al cinismo aberrante hasta hacerse llamar “su alteza serenísima” y dictador vitalicio, mediante una ley que decretó.

En su esquizofrenia por legislar, ningún asunto político escapó de sus designios: ordenó impuestos que afectaban la tenencia de perros de compañía y a las ventanas de las casas, dictaminó el color de uniforme de los empleados públicos, construyó innumerables monumentos dedicados a él mismo por todo el país y concentró todo el poder en su persona. Y el pueblo, a callar, obedecer y a pagar injustos impuestos. Pero, como todo en la vida, no hay nada eterno, tenía que cambiar: paulatinamente creció el descontento popular y comenzaron a fraguarse los planes de rebelión.

La historia es cíclica, dicen los historiadores. Hoy en Torreón, en pleno siglo XXI surge un émulo de pacotilla de Santana que impone, unilateralmente, impuestos aberrantes: el tesorero municipal Pablo Chávez Rossique.

Ha decretado que se cobre un derecho municipal por el traslado de cadáveres y otro a los participantes de las carreras atléticas que se organizan en la ciudad, bajo el argumento de que, éstas últimas, utilizan servicios municipales como vigilancia, recolección de basura y, en suma, la infraestructura urbana de la ciudad. Perdió la sensibilidad y ahora llega al cinismo en su afán recaudatorio. Pero, mediocre como lo es, los cobros no son a todos por parejo como establece la ley sino selectivos: a sus amigos no y a los demás sí. A las competencias atléticas organizadas por los gobiernos estatal y municipal los exime de tales cobros.

Un ejemplo baste para el mostrar el cinismo del llamado “tesorito” del alcalde Eduardo Olmos: las competencias atléticas de 5 y 10 K que organizó el gobierno del estado no fueron sancionadas con ese cobro: simplemente, le tuvo no miedo, sino temor, al gobierno estatal.

La aplicación de la ley y sus reglamentos debe ser pareja en México; no se puede entender que a unos sí se las aplique y a otros no. El espíritu de la ley establece que, lo que beneficia a uno, debe beneficiar a todos; o no es una ley justa.

El Paseo Colón, donde, domingo a domingo acuden a divertirse miles de familias laguneras en la calzada Colón, utiliza en grandes proporciones servicios públicos municipales como vigilancia, recolección de basura e infraestructura de casi todos los departamentos municipales que colocan ahí sus módulos. Si, al igual que los corredores atléticos en sus carreras, utilizan servicios públicos, los ciudadanos en el Paseo Colón lo hacen en mucho mayores proporciones y, por tanto, deberían pagar por esos servicios municipales. Pero no. Como el Paseo Colón es la “joyita” de la corona del alcalde Eduardo Olmos Castro, el “tesorito” tiene no miedo, sino temor, en molestar a “su papá” Lalo en aplicar con toda justicia una medida de cobro como a los demás. Ese es el concepto de justicia que tiene este espécimen de la fauna política municipal. Y que nos perdonen los animales por tal comparación. Y así podríamos citar muchos ejemplos más.

En la cima de su paroxismo recaudatorio, el “tesorito” Chávez Rossique, abrió al público, en sus oficinas de tesorería, su baño privado donde colocó un cartel con el anuncio de cobrar 5 pesos por su utilización. Algo nunca antes visto que rebaja a nuestra ciudad de Torreón a una imagen aldeana.

Nuestros políticos son ignorantes; no conocen la historia de México pues de otra manera no se explica el estado en que nos encontramos. Pablo Chávez Rossique debería leer un libro para que muera un burro.
Bienvenida

Tres días fueron suficientes para que el crimen organizado le diera la bienvenida a cientos y cientos de agentes federales y soldados que ejecutan el llamado operativo “Laguna segura” dejando colgado el cuerpo de un ejecutado en un puente en el bulevar Independencia, frente a las oficinas de Simas, céntrico sitio y uno de los más transitados de la ciudad.

El operativo fue anunciado el 22 de octubre por los gobernadores de Coahuila y Durango, Jorge López Torres y Jorge Herrera Caldera -éste me da mucha lástima porque no sabe hablar en público-, el secretario de gobernación y el secretario de la Defensa Nacional. Con ello, los ejecutivos de ambas entidades así como los alcaldes de Saltillo, Jericó Abramo Masso y de Torreón, Eduardo Olmos Castro, “se lavan las manos” y eluden su responsabilidad de brindarnos seguridad a nuestras vidas, las de nuestras familias y nuestras propiedades.

El crimen organizado se burla del operativo. Sabe que los federales ni el ejército estarán siempre en esta zona conurbada y solamente descenderá el número de ejecutados que era de cuatro diarios a una menor cantidad. La verdad es que las fuerzas federales no tienen trabajo de inteligencia para detener a los criminales y aplicarles la ley, que sería la solución perfecta. Las bandas estarán íntegras, pues por el tiempo que estén las fuerzas federales permanecerán en relativa calma para proseguir con toda su actividad delictiva al finalizar el operativo y que la ola de inseguridad prosiga como nos tienen acostumbrados: 4 ejecutados diarios, cuando menos.

Gobernadores y alcaldes de las zonas más conflictivas creen que somos retardados mentales y que con el simple anuncio del operativo, como por arte de magia, se va a terminar para siempre la inseguridad. Tontos son ellos por creer esta falacia.

Lo que debemos hacer es echarlos del poder que una vez les dimos, por ineficientes; porque, a final de cuentas, la ineficacia también es corrupción. Y que vengan los que sí puedan.